La sensibilidad ecológica se ha extendido a todos los ámbitos de la vida económica y social, los cambios y adaptaciones de la Política Agrícola Común (PAC) que han tenido lugar en los últimos años, así como de un modo más general, la reflexión sobre el futuro del mundo rural y la toma de conciencia de la importancia de los desafíos medioambientales, contribuyen a crear un contexto propicio para el reconocimiento y el desarrollo de la agricultura sostenible.
Como indica la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo COM (2006) 508, durante las últimas décadas, la agricultura europea ha experimentado considerables cambios, y se prevé que siga evolucionando en el futuro. Las innovaciones tecnológicas (por ejemplo, la mejora de los productos agroquímicos, las semillas y las razas ganaderas) han permitido a las explotaciones incrementar su rendimiento y, por lo tanto, su competitividad. No obstante, los cambios en la utilización de las tierras y en las prácticas agrícolas derivados de la especialización y la intensificación se han vinculado también a determinados efectos nocivos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y los hábitats. Al mismo tiempo, el abandono de la agricultura en las zonas marginales provocado por factores sociales y económicos supone una grave amenaza para el medio ambiente agrario y los paisajes rurales.
Las últimas reformas de la PAC responden al doble desafío de reducir la presión ejercida por la agricultura sobre el medio ambiente y fomentar la prestación de servicios medioambientales por el sector agrario.
Desde 1992, la PAC se ha adaptado en creciente medida a la consecución de los objetivos de la sostenibilidad mediante un proceso de reforma radical dirigido a abandonar la política de sostenimiento de los precios y de la producción en favor de una política de ayuda directa a la renta y de medidas de desarrollo rural. La siguiente fase de ese proceso de reforma fue la aprobación de la Agenda 2000, en virtud de la cual la PAC no sólo debía aumentar la competitividad de la agricultura de la UE, garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos y estabilizar las rentas agrarias, sino también aportar beneficios medioambientales, mejorar el paisaje rural y fomentar la competitividad de las zonas rurales de toda la Unión Europea.
La reforma de la PAC de 2003 confirió un nuevo impulso a la integración de las consideraciones medioambientales en la PAC, al reforzar una serie de medidas que fomentan una utilización de las tierras y unas prácticas compatibles con la protección de los recursos ambientales, tanto dentro del primer pilar (política de mercado y renta) como del segundo (política de desarrollo rural).
La toma de conciencia de la necesidad de conservar unos recursos naturales cada vez más escasos, va más allá del tradicional punto de vista de conservar unos pocos espacios naturales para asumir las obvias relaciones entre agricultura y medio ambiente, considerando la importancia del papel que han de jugar tanto la agricultura como la ganadería en una gestión adecuada del territorio.
El argumento es que la producción agrícola es un proceso de producción conjunta en el que no sólo se producen productos básicos tales como alimentos, sino también "no productos" que reúne las características de externalidades positivas y bienes públicos. Ejemplos de estos "no productos" son el paisaje, los valores del patrimonio cultural, la biodiversidad, el empleo rural, la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales. Además de los millones de árboles y plantas que genera y mantiene la actividad agraria, que tiene una inmenso valor ambiental, y que desde hace años, se han adoptado sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
La aplicación de los sucesivos programas agroambientales en España, aunque mejorables, han tenido resultados positivos en el sentido de incentivar este método de producción, pero deben adaptarse a las normas técnicas existentes.
Las ayudas quedan condicionadas al cumplimiento de unos estándares medioambientales, y la producción integrada nacional debe ser atendida dentro de estas medidas agroambientales.
A nivel nacional, a lo largo de los últimos años las Comunidades Autónomas han ido desarrollando normas de producción integrada para los diferentes cultivos. A petición de las comunidades autónomas y del sector agroalimentario, y con el fin de armonizar la normativa ya existente, el MAPA reguló este tipo de producción a nivel nacional mediante el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas.
El Real Decreto contempla no sólo la identificación de garantía nacional sino también las identificaciones de garantía de las comunidades autónomas e incluso las privadas que hayan sido objeto de aprobación (artículo 12 del Real Decreto), las cuales podrán coexistir en el mercado. El desarrollo reglamentario del Real Decreto de producción integrada implica la elaboración de normas horizontales y sectoriales (por cultivos).
La publicación en al menos 12 Comunidades Autónomas de Normas Técnicas de Producción Integrada, refleja la importancia de este sistema de producción que agrupa en el 2007 según el MAPA, en torno a 400.000 ha y a más de 32.000 agricultores.
También la importante labor que han realizado desde su origen, las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), reguladas inicialmente por medio de Orden de 26/7/83 y posteriormente, por Orden de 17/11/89, permitieron el desarrollo de nuevos sistemas de producción, más respetuosos con el medio ambiente, los consumidores y los trabajadores del campo. El buen funcionamiento del sistema y las innegables ventajas que reporta para los agricultores, ha favorecido el grado de implantación de las mismas en el sector, existiendo el año 2007 en España 577 ATRIAs, integradas por 140.402 agricultores, que sumaban una superficie de 1.113.532 hectáreas. Estas figuras, han sido el vehículo de implantación de los tratamientos integrados, mediante la incorporación de personal cualificado y la concienciación de los productores.
El importante esfuerzo en formación especializada tanto de técnicos como agricultores sobre todo en materia fitosanitaria, pero también en otros aspectos, ha dado lugar a una importante implantación de la producción integrada y la agricultura ecológica, y la puesta en marcha de nuevos planteamientos y de diferentes Programas de Actuación para el control de plagas y enfermedades en los distintos cultivos, que han conseguido lograr el objetivo de mejorar la fitosanidad de los cultivos y garantizar la producción de alimentos seguros, con el menor coste medioambiental y que supone mejoras en la calidad de vida de los productores.
En los últimos años se han ido introduciendo nuevas herramientas en el manejo de plagas y enfermedades, como es su control biológico y tecnológico, para determinados cultivos y condiciones. Planteamientos realizados a nivel de zonas productoras, teniendo en cuenta la dinámica de cultivos y la de sus principales fitopatologías, así como las herramientas culturales, biológicas, tecnológicas y químicas utilizables en cada momento, van a ser la base de los nuevos planteamientos fitosanitarios para las zonas más complejas de producción de los principales cultivos.
Contamos, por tanto, con agricultores profesionales que están permanentemente asesorados por técnicos, conocedores de la realidad agroambiental y agroalimentaria, que aplican las mejores técnicas disponibles y utilizan los productos de forma adecuada realizando severos controles de calidad que aseguran la puesta en mercado de alimentos totalmente seguros.
Por otra parte, la sociedad en su conjunto debe saber, conocer y reconocer el esfuerzo que están realizando nuestros agricultores y empresas cooperativas para ofrecer productos con todas las garantías, siendo en muchos aspectos superiores a los requisitos legales, y que aportan además otros valores y atributos, y que tales procesos y controles encarecen en cierta medida el producto final debiendo los agricultores al menos ser correspondidos con unos precios justos y éticos por sus productos y obtener el valor añadido que se merecen.
Sin embargo, durante todos estos años (al menos 10) la producción integrada ha sido condición necesaria pero no suficiente, a nivel comercial no se ha realizado ningún tipo de promoción, y la puesta en marcha de determinados protocolos y normas de iniciativa privada, frente a la norma oficial de producción integrada, sobre todo GLOBAL GAP, y otras que dan los pasos para su homologación.
Sería deseable que la producción integrada sea equivalente/equiparable a estas normas privadas, ya que en caso contrario terminará sin desempeñar el papel en la comercialización que le corresponde, imponiendo la Gran Distribución sus normas debido a la posición de dominio en la que se encuentran.
Se debe hacer valer la importancia que el método de producción integrada tiene en todos los foros técnicos y científicos para que también tenga su reconocimiento a nivel comercial.
Es lamentable que ante la globalización de los mercados en la que nos encontramos, no consigamos globalizar también las normas oficiales de producción integrada y su logotipo identificativo. En este sentido es de gran interés la iniciativa de la AREFLH (Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas) que ha elaborado un reglamento para regular la Producción Integrada en los diferentes productos vegetales al menos a nivel europeo.
Felicitar y agradecer a los Técnicos relacionados con la Sanidad Vegetal y la Protección de Cultivos de la Administración, todas las iniciativas llevadas a cabo, el esfuerzo y la ayuda para el desarrollo y la puesta a punto de estas prácticas, y por supuesto a los agricultores, técnicos, cooperativas y empresas que han apostado de forma decidida por este método de producción. Por todo ello, es necesario continuar apoyando estos planes de actuación y apostar por la I+D+i, siendo necesario contar con el apoyo y los medios de nuestras Administraciones.
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