La política agraria en España ha sido escenario en las últimas dos décadas del proceso más importante de cambios registrado en toda su existencia consecuencia, tanto del ingreso en la Unión Europea y la aplicación de una Política Agrícola Común en constante proceso de cambios, como por las modificaciones registradas en el comercio mundial en proceso de globalización.

El resultado de todas estas modificaciones ha sido la existencia de un sector agrario que no se parece en nada al que existía en 1986. Hay sectores que se han logrado adaptar a las nuevas exigencias de la producción y los mercados. Otros que han perdido posiciones frente a la competitividad del resto de los países comunitarios y otros que han cerrado. En conjunto se puede hablar de un sector agrario donde se ha reducido drásticamente la población ocupada con la eliminación de cientos de miles de explotaciones, bien por la jubilación de sus propietarios, o simplemente por la imposibilidad de seguir en el sector por su estructura minifundista y no tener una estructura competitiva.

Según los datos estadísticos que se hallan generalmente muy por detrás de lo que realmente ha sucedido, frente a los 1.600.000 ocupados que había en el sector agrario en 1986, en la actualidad esa cifra ha bajado a unos 850.000.

El sector agrario cuenta hoy con más de un millón de explotaciones, aunque la realidad es que los profesionales se sitúan solamente en unos 350.000 y que la participación del campo en el empleo ha pasado en el mismo periodo de superar el 15% a menos del 5%.

Los datos oficiales sobre la distribución de los pagos por las ayudas directas de la Política Agrícola Común reflejan nítidamente la realidad del sector agrario, aunque hay producciones como la hortícola donde el colectivo de beneficiarios es muy escaso. Existen un total de 894.000 perceptores.

Pero, de esa cifra, nada menos que 692.000 tienen unas ayudas por debajo de los 5.000 euros de los que 450.000 no llegan a los 1.250 euros, mientras el colectivo entre 5.00 y los 50.000 euros, los profesionales sólo son 191.000 perceptores.

Este ajuste, tanto en los niveles de empleo en el campo como en la eliminación de explotaciones, constituye una consecuencia directa de la evolución de la actividad agraria en los países desarrollados del entorno y por la necesidad de disponer de unas nuevas estructuras viables para estar en los mercados.

 

Entrada con mal pie

España no entró en lo que hoy es la Unión Europea en 1986 en las mejores condiciones posibles. No hubo una sola razón la causante de las condiciones en la que se produjo el ingreso. Cuando uno llama a la puerta de cualquier club, y la CEE era entonces como un club, lo normal es que el nuevo socio asuma las condiciones que marcan los que ya se hallan dentro y que no pueda imponer las suyas. Primera, porque era necesario entrar casi a cualquier precio en la estructura comunitaria y los socios de la misma aprovecharon la ocasión para imponer una serie de exigencias y condiciones negativas para el sector agrario.

Segunda, porque otros países tenían miedo al potencial productivo español y la posibilidad de que invadiera sus mercados. Tercera, porque otros países veían a España como un vertedero para sus excedentes.

En esa línea de frenar ese potencial productivo, por señalar un ejemplo, se fijó una cuota de producción de leche de vaca para España de 4.650.000 toneladas de venta a las industrias, junto con otras 750.000 toneladas para venta directa, lo que suponía poco más de la mitad de la demanda, dejando el resto del mercado a las importaciones los países vecinos.

La entrada en la Unión Europea supuso la incorporación de España a la Política Agrícola Común de una forma progresiva en lo referido a la aplicación de precios o ayudas. Se impuso un periodo transitorio inicialmente de hasta 10 años para algunas de las producciones más competitivas y que podían suponer riesgos para las producciones o los intereses de los países miembros, aunque al final se produjo su acortamiento tras la entrada en vigor en 1992 del Mercado Único. Hubo sectores que se vieron perjudicados por la rebaja de los precios institucionales, caso de los cereales, mientras hubo otros como el olivar que se resultaron muy beneficiados con subidas de precios y la aplicación de las ayudas que en su día habían negociado para su Italia.

España desembarcó en la Política Agrícola Común en Bruselas con una política para el sector agrario con importantes diferencias en relación con lo que se estaba aplicando en Bruselas y, sobre todo, con lo que iba a venir en los años siguientes. No existía una limitación a las producciones. Anualmente, Administración y sector celebraban las negociaciones de los precios agrarios para cada campaña que eran como el gran convenio del campo, donde se fijaban precios mínimos en función de los costes de medios de producción previsibles para ese periodo de cara a garantizar un mínimo de rentabilidad.

Aunque existían problemas y conflictos por caídas de precios o situaciones altamente excedentarias, sobre todo en algunas producciones hortícolas como patata, junto a esas negociaciones funcionaban en los cultivos más importantes unos precios mínimos, así como unos mecanismos para las compras en intervención con almacenamientos masivos de producciones como cereales, azúcar, vino, aceite de oliva o leche para regular los mercados y garantizar unos ingresos a los productores.

 

Con la PAC a cuestas

El ingreso en la UE supuso sin embargo la aplicación inmediata de todos los procesos de reforma de la PAC que se han aplicado desde finales de los años ochenta.

Un punto importante a desatacar que vino de la mano del ingreso de España en la actual Unión Europea, fueron las exigencias comunitarias en materia de sanidad animal y muy especialmente en el sector del porcino donde España tenía en aquella época una situación preocupante por la peste. Bruselas impuso unas duras condiciones para la erradicación de la enfermedad que conllevaba obviamente la imposibilidad de exportar. Con los apoyos comunitarios, pero también con una buena gestión, España dio un vuelco a la situación sanitaria del sector, logró su erradicación y pasó de ser un importador de porcino, a disponer en la actualidad de un sector competitivo y volcado en la exportación hacia el resto de los países comunitarios. La entrada en la UE supuso un apoyo muy importante para los controles en sanidad animal, aunque inicialmente supuso el bloqueo en los mercados.

La PAC se había desarrollado fundamentalmente en los años sesenta y setenta.

Sus principales objetivos eran asegurar unos adecuados niveles de rentas a los agricultores y ganaderos comunitarios, así como lograr un autoabastecimiento en las producciones agrarias y evitar la anterior dependencia del exterior. Pero, apenas dos décadas desde su puesta en marcha, la PAC comenzó a ser esclava de sus propios éxitos, al aumentar las producciones por encima de la demanda y situarse en unos elevados niveles de excedentes que pagaba Bruselas con un gravoso coste para las arcas comunitarias. Esta situación supuso el inicio de un cambio en la filosofía de la Política Agrícola Común, proceso que se ha ido profundizando en los últimos años hasta la actualidad donde existe una PAC que no se parecen nada a la inicial.

En 1988, el sector agrario español, aunque en la mayor parte de las producciones más importantes no tenía ninguna responsabilidad, fue sujeto pasivo de un primer proceso de reformas cuyo principal objetivo era reducir excedentes y, en consecuencia, gastos de intervención. En esa línea, se pusieron en marcha los mecanismos estabilizadores por los que se establecían una serie de limitaciones a las producciones con techos en sectores tan importantes como los cereales, las oleaginosas, aceite de oliva, tabaco o algodón con la aplicación de tasas penalizadoras.

Las negociaciones anuales de precios, que durante algunos años se mantuvieron como un instrumento para garantizar precios al sector agrario, con un mecanismo similar al que se aplicaba en España hasta el ingreso, fueron perdiendo peso año tras año hasta su total eliminación de la década de los ochenta.

Frente al sistema anterior en la propia UE y mucho más en la política anterior en España, las negociaciones de los precios se fueron eliminando del mapa y en su lugar se fueron instaurando nuevas Organizaciones Comunes de Mercado donde, con los precios congelados se fueron estableciendo otros mecanismos en una línea de liberalización de mercados que en los años siguientes se ha ido reforzando bajo al disculpa de ser exigencia de la Organización Mundial de Comercio.

 

Reforma tras reforma

Para el agricultor y ganadero español, la reforma de la PAC de 1992 supuso un primer gran cambio sobre el sistema anterior y, mucho más, en cuanto significó el punto de arranque sobre las siguientes reformas. Esta reforma fue un paso adelante en la liberalización de los mercados. Se confirmó la eliminación real de los precios mínimos de campaña, aunque sobre el papel seguían existiendo con unas fuertes reducciones, compensando esos recortes en los precios con ayudas directas a una parte de los agricultores y ganaderos.

Esta política de cambios avanzo un escalón más en al reforma de la PAC conocida como la Agenda 2.000. Con la misma prosiguieron los avances en cuanto a la bajada de los precios de intervención o institucionales, aumentando las ayudas directas compensatorias, dando un paso más en la liberalización de los mercados y poniendo ya fechas para la supresión de cuotas o la eliminación prohibiciones a la libertad de producir en sectores como la vid o la leche de vaca. Por el contrario, en otras producciones como los cereales, para evitar excedentes y almacenamientos públicos, se exigieron limitaciones a las superficies de cultivo. Bruselas siguió su proceso para eliminar los sistemas de compras en intervención, lo que supuso pasar de montañas de excedentes a tener en la actualidad la despensa vacía.

Para el sector agrario español ha sido finamente muy importante la reforma aprobada en 2003 por la que, en línea con lo aplicado en los años precedentes se da un paso más en el proceso para liberalizar todo el mercado.

Lo más importante de esta reforma fue la asignación a cada agricultor o ganadero de unos derechos de pago único en función de unos cobros históricos, 2000 a 2002, menos en el caso del olivar donde se tuvo en cuenta también el año 1999. Los precios mínimos de intervención siguieron en los mismos bajos niveles fijados ya en las reformas anteriores y las ayudas directas, al menos hasta 2014, siguen siendo las protagonistas en la política agraria para los sectores que disfrutan históricamente de las mismas. El segundo gran cambio de esta reforma fue la decisión comunitaria de aplicar esos pagos desacoplados o desligados de la producción en la mayor parte de los casos, lo que en algunas producciones se ha vuelto a traducir en menor oferta y abandonos de los cultivos o de algunas cabañas ganaderas.

Con una UE ampliada a 25 miembros que se están incorporando progresivamente a las ayudas que disfrutan los demás países y un presupuesto comunitario en una clara línea de recortes ante la decisión de los países miembros más ricos de no aportar más recursos, el sector agrario se enfrenta en la actualidad a una revisión de la reforma de 2003, o lo que se ha venido en llamar "chuequeo médico", donde uno de los principales objetivos de Bruselas es seguir ajustando a la baja las ayudas directas para atender, tanto las necesidades de los nuevos socios, como para hacer frente a los programas de desarrollo rural. En otras palabras, quitar dinero de los bolsillos de agricultores y ganaderos para destinarlo a otros fines en el campo, pero cuyos destinatarios no van a ser los profesionales del sector. Para la PAC vienen, en el mejor de los casos, tiempos de ajuste en las ayudas y paras el sector, cada vez más la necesidad de tener unas estructuras para competir en unos mercados más globalizados.

De 1986 a este momento, en el sector agrario ha sido escenario de cambios espectaculares. Unos, consecuencia de la propia dinámica de la economía como la drástica eliminación de explotaciones y activos, que se habría producido en cualquier caso. Otras modificaciones más ligadas a los cambios de la Política Agrícola Común, pero en parte también condicionada por el desarrollo de las relaciones comerciales en todo el mundo, algo que también habría afectado a España aunque no hubiera estado en el seno de la PAC.

En lo que afecta a la actividad de agricultor o ganadero, todo este recorrido de 20 años en los cambios en la política agraria se podrían resumir en unos pocos puntos:

Paso de los precios mínimos como red de seguridad y compras en intervención a eliminación de mecanismos de compras, rebaja de los precios institucionales y ayudas directas compensatorias a la baja.

Necesidad de mayores estructuras para permanecer en el sector desde una posición de competitividad en la UE y en relación con terceros países con cierre de las explotaciones y el riesgo de eliminar la estructura de la explotación familiar mediterránea. Desaparición de cientos de miles de explotaciones.

 

Política enfocada hacia la libertad de producir

Estrategia dirigida a evitar excedentes en producciones como azúcar, algodón, cereales, carne de vacuno, leche, etc... y compensar la demanda con importaciones de terceros países. Esta estrategia ha hecho aguas este año. La no existencia de stocks en los almacenes comunitarios ha dado lugar a importaciones a precios caros y fuertes subida de los alimentos. Un fracaso de las reformas de la PAC contra agricultores, ganaderos y consumidores.

Han sido 20 años desde la aplicación de una PAC en permanente reforma y en este momento, en vías de desmantelamiento en relación con su filosofía inicial.

Y, en todo este tiempo, ninguna política nacional bajo ningún gobierno, para complementar las decisiones comunitarias. El sector agrario ha sido el principal y único protagonista para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias, lo que ha supuestos dejar a su suerte a más de la mitad de los activos en el camino.

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