El que haya pasado casi una década de la aplicación efectiva de la 91/414 y de la aparición de sus primeras consecuencias, nos permiten extraer algunas valoraciones con perspectiva general. Sin duda la evolución que durante esta época ha tenido el mundo de la sanidad vegetal ha tenido uno de sus principales orígenes en esta compleja directiva y en todos sus descendientes y parientes reglamentarios. La primera de estas valoraciones es que precisamente se ha echado en falta de manera continua una estrategia basada en una reflexión con perspectiva general, tanto por parte de las administraciones responsables como del sector propiamente dicho, incluyendo en este tanto a grandes fabricantes de fitosanitarios, como a distribuidores y usuarios y a sus organizaciones representativas. . Esto ha provocado que todas las actuaciones desarrolladas por unos y por otros han sido habitualmente diseñadas como simple respuesta de adaptación a la situación, en ocasiones de manera urgente y a veces provisional. Estos fueron los principales argumentos de una carta dirigida a la Ministra de agricultura promovida por CCAE y firmada conjuntamente con los sindicatos agrarios nacionales ASAJA, COAG y UPA pidiendo una defensa organizada de los intereses españoles en materia de sanidad vegetal.

Lo cierto es que la magnitud de los cambios acaecidos en estos años han dejado poco respiro, y el tiempo que se debiera haber empleado en planificar y buscar alternativas a la situación de la sanidad vegetal ha sido escaso. Viendo como hemos tenido que adaptarnos rápidamente a realidades como la retirada de materias activas habituales en el campo español, al progresivo endurecimiento de los controles alimentarios que han obligado a introducir sistemas de control técnico exhaustivo, en ocasiones hasta certificarlo; a la reclasificación toxicológica y sus consecuencias sobre cientos de preparados y a la introducción de nuevos requisitos y controles en el almacenamiento de productos químicos o en la cualificación necesaria para aplicar los productos, se puede decir claramente que nos ha ido mejor de lo que podíamos pensar y que el sector agrario ha mostrado una capacidad de evolución y flexibilidad cuyo esfuerzo no siempre ha sido reconocido.

El lamento del sector agrario por esta situación de continua provisionalidad no viene dado por una incomprensión hacía los orígenes que motivaron la misma.

Los agricultores y ganaderos, y sus cooperativas, son productores que comercializan su producto en un mercado global. Como cualquier empresa que comercialice cualquier producto sabe que el cliente es el que manda y el que decide que producto quiere consumir. La sociedad europea ha incrementado en las últimas décadas su nivel de exigencia respecto a la seguridad alimentaría y eso ha hecho necesario una adaptación de los sistemas productivos hacia procesos más racionales y con un menor y hasta "tasado" consumo de inputs, especialmente de los más agresivos con el medio ambiente o con la seguridad alimentaria.

Las autoridades europeas se han hecho eco de estas demandas a través de una extensa y complicada trama de normativa, reglamentos, directivas, estrategias, comunicaciones, etc. A esto habrá que añadir las disposiciones de ámbito nacional, reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, etc. El desgaste que supone la adaptación a un goteo continuo de normas, sin tener como decíamos una estrategia clara que pueda compensar o paliar las consecuencias en los sistemas productivos de tanto cambio es lo que ha ocasionado desazón en más de una ocasión al sector. Esto unido a la sensación de que en la balanza de pros y contras a partir del cual se toman las decisiones respecto a los productos fitosanitarios están pesando demasiado poco las realidades agronómicas. Muy especialmente las referidas a los intereses mediterráneos y a la producción hortofrutícola. Se genera frustración cada vez que un preparado clave para nuestra agricultura, como algún insecticida, es cuestionado duramente por países ajenos a esta problemática como los del norte de Europa. Más cuando precisamente esos países han conseguido introducir los criterios y estándares técnicos aceptados en la evaluación de los productos, que están más basados en su experiencia, intereses y realidades agroclimáticas, edafológicas, etc. Los países del sur han conseguido pocos éxitos en este camino, que sólo se recorre con inversión en la investigación y desarrollo en estas áreas.

Asimismo el mercado ha actuado como un catalizador importantísimo de cambios en cuanto los requisitos de los productos y las formas de producción.

Las grandes cadenas de distribución han reaccionado ante la sensibilidad que la sociedad ha demostrado ante las cuestiones fitosanitarias de la forma más sencilla y económica para ellos, trasladando los compromisos a la fase de producción. Las publicaciones y revistas de consumidores y de grupos ecologistas han incidido en numerosas ocasiones en los contenidos de productos químicos en frutas y verduras, incluso últimamente realizando "rankings" con las cadenas que suministraban estos alimentos. La proliferación de protocolos exigentes en la producción, como Eurepgap, IFS, producciones controladas e integradas, etc tiene más que ver con este fenómeno que con la presión reglamentaria de la UE, incluidos la 91/414, la estrategia sostenible y el reglamento de LMRs.

El hecho es que todas estas cuestiones como decíamos han provocado un profundo cambio en el tejido productivo e incluso en la concepción del propio agricultor. Este tiene clarísimo que la elección de su línea de defensa vegetal es crucial y seguramente puede delimitar el destino de su producción. Ya no tiene que elegir sólo entre utilizar un producto irregular o no, debe decidirse en practicar un control convencional, integrado, un control biológico e incluso ecológico, dependiendo de sus clientes. Estas opciones han sido posibles por el afianzamiento de nuevas técnicas que ya han encontrado su fase de madurez, como las técnicas de trampeo, de confusión sexual y más recientemente la utilización de fauna útil, que indica una próxima revolución de los invernaderos españoles.

Paralelamente a estas técnicas, se ha ido formando un excelente equipo humano, una auténtica red de asesoramiento al agricultor. Programas como ATRIAs o sus adaptaciones locales ADV, ASVs, APIs, etc han sido fundamentales para colocar a nuestro País en la posición de liderazgo que actualmente ocupa en el asesoramiento experto al agricultor a nivel de finca.

Las cooperativas españolas se han visto afectadas igualmente por todas estas cuestiones. Se puede decir que han sobrevivido a la convulsa reorganización de los agentes de la fase de distribución de productos fitosanitarios.

Desde hace diez años hasta aquí, el papel en los mercados de las cooperativas se ha incrementado. La organización a través de la cooperativa conjunta AGROFIT SCA ha permitido el acceso a registros y a la comercialización de fitosanitarios cooperativos a nivel nacional. A nivel local son muchas las cooperativas que ya no tienen el tradicional papel secundario respecto al distribuidor de la zona, desplazándole en numerosas ocasiones. El sobrevivir, cuantos tantos han caído se debe seguramente a las cualidades innatas de las cooperativas que podemos resumir en dos. Primero la doble condición de proveedor de inputs y de comercializador de los productos agroalimentarios de la cooperativa que le han hecho comprender la necesidad de ajustar los primeros a las necesidades no sólo de su socio agricultor sino de su cliente final o del protocolo de producción correspondiente. El segundo es el proceso lógico que está llevando desde hace tiempo a las cooperativas hacia la implantación de servicios especializados a sus agricultores, asesoramiento agronómico, aplicaciones de agroquímicos, recolección, maquinaria, etc. El socio de la cooperativa se ha visto arropado en el camino de la adaptación, por que la cooperativa le ha ido indicando el camino.

Estos dos factores se han potenciado desde las organizaciones, Federaciones regionales de cooperativas y CCAE. Se ha procurado mantener informado a las cooperativas interesadas de las novedades que les afectaban en materia fitosanitaria de las informaciones obtenidas no sólo del ministerio de agricultura, sino de los servicios de comercio exterior, agencias de seguridad alimentaria, etc . La selección de la información, determinando su grado de importancia y aquellos interesados en su recepción es posible por un equipo de técnicos a nivel de nuestras Federaciones regionales, que conocen las necesidades de cada sector y cooperativa. Sólo de esta manera es posible digerir y aprovechar la enorme cantidad de información que se genera respecto a la sanidad vegetal.

Aún así todavía antes de llegar al agricultor debe pasar por otro filtro, el definitivo.

El equipo técnico de la cooperativa debe de informar claramente de lo esencial al agricultor, debe ser capaz de responder a sus dudas e inquietudes al respecto, combinando la información recibida con su experiencia y sus conocimientos en alternativas agronómicas y en la estrategia productiva de la cooperativa.

Como ejemplo se puede poner la progresiva introducción de cuadernos de explotación, como una fase más de la implantación de la trazabilidad a nivel de parcela. A pesar de haberse publicado recientemente la orden APA/326/2007 que establece la obligatoriedad de mantener un registro sobre el uso de productos fitosanitarios, esta práctica solo será factible y útil si el agricultor puede recibir asesoramiento sobre el mismo. Aunque los cuadernos están implantados desde hace años en los cultivos intensivos, costará extender esta práctica en zonas con agriculturas menos tecnificadas. Será deseable por tanto que se pueda externalizar esta tarea, al igual que se ha hecho con otros registros en la cooperativa, de tal manera que fuera el técnico de la misma previo acuerdo con el agricultor el que realizase esta tarea. Seria posible de esta manera facilitar el registro con la introducción de datos de los que disponga la cooperativa de su relación con el agricultor, datos de parcela, de productos suministrados, denominaciones técnicas de producto y plaga, etc. Esta información conjunta podría además ser aprovechada globalmente tanto por el socio, la cooperativa y la administración CCAE estima en cerca de los dos millares los técnicos que trabajan en cooperativas agrarias españolas, en una encuesta realizada en el año 2005 por CCAE, el 51% declaraba especialización en cuestiones fitosanitarias, el 34% en producción integrada, y el 20% en producción ecológica.

Esto da una idea de la importancia que la sanidad vegetal ocupa en las tareas diarias de los equipos técnicos.

En fin, grandes retos para el futuro en la sanidad vegetal, pieza clave de nuestras estratégicas producciones mediterráneas y una voluntad clara de las cooperativas de ayudar a sus agricultores en afrontar estos retos.