Superados ya los 8 meses desde el inicio de la crisis de los pimientos que estalló en diciembre de 2006, sorprende el silencio que parece reinar sobre el asunto. Esta situación que, en su momento y hasta bien entrado abril, causó ríos de tinta ha pasado al olvido mediático, pero sus causas y orígenes siguen sin tratarse en toda su extensión y aunque convenga un velo de silencio, bien merece una seria reflexión.
La investigación indica que las cosas no han cambiado sustancialmente y que casi todas las medidas adoptadas, a excepción de las sanciones, cierres y detenciones efectuadas no han llegado a las causas de la situación. Fuentes de la zona afectada y origen del escándalo, Almería, confirman que, aunque se ha creado una cierta "revolución" en la huerta de Europa, el problema no ha parado y citan la falta de conciencia y comprensión del alcance de la situación entre los productores y administraciones como principal causa. La industria fitosanitaria representada en AEPLA asegura que todos los actores implicados en la producción agrícola intensiva española conocían la existencia del uso de productos fitosanitarios ilegales durante años. Añaden que denunciaron estos hechos de forma reiterada sin lograr que ocurriese nada significativo.
Administraciones de todos los niveles habían sido insistentemente alertadas del preocupante y finalmente escandaloso tráfico ilegal de fitosanitarios en España. Los productores y exportadores conocían bien la cuestión. Pero todos, a excepción del SEPRONA que durante todos estos años ha seguido haciendo un discreto y constante trabajo policial, minimizaban el problema. Esgrimían en general el alto riesgo de escándalo de saberse esta situación.
Todo se reduce a que ante la presión de una producción industrial de frutas y hortalizas han aparecido en algunos de los principales cultivos, pimiento y tomate, ciertas plagas y enfermedades resistentes a los tratamientos disponibles. La mosca blanca y el trips constituían el principal problema.
Mientras, en la UE, se reinventaba todo el sistema de autorización de productos fitosanitarios, prácticamente desechando la mayoría de soluciones insecticidas antiguas y bloqueando la autorización de las nuevas. En España el práctico bloqueo de la administración central durante años en la autorización de formulados contribuyó en buena parte al empeoramiento de la situación.
Este nicho que las empresas no podían resolver por la doble negativa administrativa, fue rápidamente detectado por redes criminales. Se ganaba importando, vendiendo, transportando y utilizando productos químicos antiguos y nuevos venidos de muchos países, incluida China, sin control de ningún tipo pero en la práctica eficaces, aunque en otras no. Estas redes se establecieron en España y sus miembros actuaban bajo las narices de los servicios de inspección, demasiado ocupados en el control de Límites Máximos de Residuos.
¿Cómo puede un producto químico de nuevo desarrollo y más suave competir con algunas de las sustancias que se han utilizado? Es prácticamente imposible. Incluso ha habido casos de nuevos productos legales en otros lugares que cuando se han autorizado en Europa y luego en España después de 12 ó 13 años de interminables trámites, ya no presentaban la misma eficacia o habían creado resistencia porque alguien los había importado ilegalmente y vendido hasta la extenuación ante la mirada atónita del fabricante en España.
La crisis
Los principales países importadores de productos frescos conocían el problema.
No hay que olvidar que no sólo analizan los productos vegetales, sino que disponen de representantes en las zonas de producción.
A finales de diciembre del año pasado Alemania, país que venía siguiendo la situación y advirtiendo que no la toleraría, activó el sistema de alerta rápida sobre una partida de pimientos de origen almeriense e importada con residuos de un fitosanitario no autorizado en la UE, el isofenfos metyl, procedente de China. Esta sustancia nunca ha estado autorizada en Europa y mucho menos para su uso en pimiento.
Pese a las aclaraciones del Ministerio de Sanidad de que las cantidades detectadas de dicha sustancia no suponían riesgo alguno para la salud y que esta situación no constituía en modo alguno una alerta sanitaria, las alarmas empezaron a saltar de manera incontrolada desde ese momento aumentando los avisos a Reino Unido, Holanda, Finlandia, Rusia y Hungría.
También en España se ha detectado la entrada de pimientos y otros cultivos contaminados a Canarias, Madrid y Barcelona, aún habiendo establecido un cordón de control en las salidas de Almería casi de inmediato al estallar la crisis.
El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, RASF son sus siglas en inglés, tiene como objetivo principal facilitar un mecanismo para ofrecer a las autoridades responsables del control una herramienta para el intercambio de información a la hora de adoptar medidas que garanticen la seguridad alimentaria.
Existen dos tipos de información, las notificaciones de alerta y las notificaciones de información.
Las notificaciones de alerta se producen cuando el alimento que presenta algún riesgo se encuentra ya en el mercado y se requiere acción inmediata, mientras que las notificaciones de información se envían cuando el alimento de riesgo ha sido identificado pero no ha alcanzado el mercado, por lo que el resto de Estados miembro no tiene que adoptar ninguna medida.
Desde diciembre de 2006 se han producido un total de 13 alertas al sistema realizadas por Alemania, el Reino Unido, Finlandia, Hungría y España.
Durante el mismo periodo, se han informado al sistema otras 12 notificaciones del Reino Unido, España, Alemania y Portugal respectivamente en relación a este asunto.
En marzo también fue detectado otro producto fitosanitario no autorizado, el oxamilo en judías, calabacín y berenjena procedentes de España en Suecia, Alemania y Noruega. De hecho, en una de las alertas realizada por Alemania en febrero, se informaba que en un lote de pimientos exportados desde España se detectaron residuos tanto de oxamilo como de isofenfos metyl.
Los medios han informado también de alertas en Rusia que aseguró prohibir importaciones almerienses en lo sucesivo y de Holanda.
En enero la Junta de Andalucía aseguró que la crisis había acabado y que ya no se detectarían más partidas de pimientos contaminados en ningún lugar de destino, pero las alertas y notificaciones han continuado produciéndose hasta mayo de este año.
Consecuencias
Los resultados inmediatos de esta crisis han sido múltiples y variados. Los más destacados, además del cierre de 37 explotaciones y otras suspensiones a comercializadores, han sido la reducción en ventas y exportaciones cifradas en su momento en un 30%, la fluctuación en precios del pimiento, y algunas sonadas detenciones y dimisiones, como la del presidente de la mayor unión de cooperativas productora y exportadora, COEXPHAL, que fue acusado por algunos miembros de su propia organización de vender y recomendar con los mismos argumentos que los traficantes la sustancia química que desató la crisis desde su mismo despacho.
Según la Junta de Andalucía, las sanciones aplicables a los 13 invernaderos en los que finalmente se detectaron residuos de la sustancia en cuestión podían alcanzar "hasta 120.000 ?", aunque hasta la fecha no se ha constatado la aplicación de las sanciones ni su cuantía exacta.
Según datos de FEPEX, la federación española de asociaciones de productores exportadores de frutas y hortalizas, durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2007 las exportaciones de frutas y hortalizas ha disminuido un 6,7%. Concretamente las exportaciones de pimientos se han reducido un 19,16% durante este periodo. España exporta un total de 196.941 toneladas de pimientos al año.
El precio del pimiento también ha bajado descendiendo desde 1 ? por kilo que se pagaba el año pasado hasta el actual de 40 céntimos.
Algunos de los principales sindicatos de la zona almeriense advertían de la probable pérdida de más de 3.000 empleos directos en la zona a causa de esta situación. Este hecho tampoco se puede constatar con exactitud, pero si una elevada pérdida de oportunidad. Las cifras de la propia Junta desvelan una reducción en la creación de empleo en el sector agrícola y pesquero almerienses con una variación interanual negativa de un 34,29%. Mientras, la creación de nuevo empleo ha descendido un 4,12% globalmente en Almería.
Algunas de las principales cadenas alimentarías e importadores reaccionaron inmediatamente a la crisis anunciando que dejarían de comprar en Almería.
La cadena Lidl reaccionó con contundencia en este sentido en febrero.
Almería
En Almería se han conjugado un conjunto de factores muy peculiares, una zona sin tradición agrícola, un clima privilegiado en cuanto a días de insolación, un sistema de cultivo, el invernadero, importado de otros países que en ese entorno daba unos rendimientos espectaculares y una tecnificación puntera. Todo ello ha dado unos rendimientos que atrajeron a cada vez más empresarios e inversores hasta convertirse en la fuente de producción de buena parte de Europa y, como no, de España. En ningún sitio se podía producir tanto a precios tan competitivos y de forma casi constante.
La producción agrícola es ahora la principal fuente de ingresos de la zona con más de 20.000 invernaderos en activo. Almería es la principal provincia en actividad agrícola principalmente intensiva con un 44% de la superficie total de Andalucía dedicada a esta actividad y un 55% de su producción total. La producción y exportación de pimientos es la segunda después del tomate.
Almería exporta un 66% del total de su producción agrícola, duplicando el ratio medio nacional de exportaciones que se sitúan entorno al 30%.
Según datos de la propia Junta, los tres destinos principales para la exportación del pimiento almeriense son Alemania, el Reino Unido y Holanda.
Para Andalucía y sus productos alimentarios en conjunto, los destinos principales son Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido en ese orden.
Pero la gallina de los huevos de oro ha sido exprimida hasta la extenuación y las deficientes instalaciones de los invernaderos más antiguos y precarios, la proximidad de las explotaciones y el mal uso de ciertos productos químicos han tenido sus consecuencias. Estos factores unidos a la poca disposición a utilizar las técnicas de agricultura integrada que requieren conocimiento y paciencia, así como el clima seco y caluroso, también produjeron plagas resistentes a todo ataque que amenazaba la continuidad de la producción en un momento en el que la sociedad se volvía más exigente con la seguridad alimentaria y el uso mínimo de productos químicos. El interés económico primó a la hora de buscar atajos que a la larga han salido caros para todos.
Ya antes de la debacle, muchos productores o profesionales de la agricultura de la zona hace más de un año vaticinaban que esto iba a ocurrir. No sólo la industria afectada en primera instancia por este mercadeo ilegal veía con claridad el posible fin de un modelo.
Las soluciones
La aplicación efectiva de la Ley hubiese evitado muchos problemas. En primer lugar los garantes del cumplimiento de la ley deberían haber hecho caso de las advertencias de la industria partiendo del reconocimiento de la existencia de un problema y de su potencial daño. Coordinando las actuaciones de diferentes administraciones, centrales y autonómicas, de agricultura, aduanas, policía y sanitarias se hubiese podido controlar esta lacra. Cambiar la cultura de dinero fácil de la zona es más difícil, pero una acción conjunta y creativa con la colaboración de administración, organizaciones agrarias, tejido empresarial y otros actores sociales, podría haber contribuido a una modificación cultural.
Crear una mayor concienciación entre productores sobre su responsabilidad en la producción de alimentos seguros, promover métodos de producción sostenibles, incentivar la mejora de instalaciones (mantenimiento, modernización, higiene) e invertir son las vías de solución pegadas al terreno.
La gestión de la crisis y el comportamiento de los actores
La actuación de la administración autonómica se centra ahora en una campaña de imagen y la implantación de un código verde de producción en el que se prima la lucha biológica, (insectos depredadores de los indeseados) sobre la química. Los productos químicos que tantos expertos revisan exhaustivamente salen mal parados por lo que se ha estado haciendo allí. Curiosamente muchos de los implicados en los desmanes ahora se han convertido en los adalides de que allí se implante una agricultura quasi-ecológica. Esta opción es poco creíble para cualquiera que conozca el modelo y las prácticas de la zona.
No se han producido cambios de fondo entre los equipos responsables de la gestión de la zona entre cuyas competencias están las de controlar que se cumpla la ley en la venta y aplicación de productos fitosanitarios. No ha habido dimisiones ni remodelaciones.
La Junta anunció en abril de este año que en 2010 todos los invernaderos estarán bajo la certificación de producción integrada que promulga un modelo sostenible de producción. Es importante recordar que este modelo lleva más de una década aplicándose en muchos lugares de España.
En la administración central, en cuya competencia descansaba la autorización de productos la reacción ha sido distinta. Mientas durante años eludió su parte de responsabilidad en este problema, con el pretexto de que el control del mercado estaba en manos de las autonomías, cuando la industria le urgió a adoptar medidas en la autorización de productos, reaccionó bloqueando y alargando todavía más los procesos.
El pasado mes de junio se remodeló una buena parte del Ministerio de Agricultura. Desde entonces el gobierno ha producido otros cambios importantes, pero no parece descabellado interpretar que esta crisis ha tenido algo que ver en el cambio de la subdirección general de medios de producción agrícola responsable de la autorización de formulados.
Este caso viene a demostrar también como un exceso de bienintencionada precaución y distancia de la realidad de los burócratas europeos, asustados cuando fueron informados de la situación que se vivía en España y en otras esquinas europeas, combinada con la actitud de un cuerpo de funcionarios en los niveles técnicos inadecuados para los requisitos de un nuevo y exigente entorno técnico y social, puede estallarle a un país en las manos dejando daños que se arrastrarán por mucho tiempo.
No salen mucho mejor parados los demás protagonistas de esta historia.
El comportamiento previo y la respuesta a la crisis de las organizaciones agrarias ha oscilado entre la protección de sus miembros infractores y la acusación de que otros cometen las mismas faltas. Tal fue el caso en el que una organización agraria recogió unas denuncias realizas por Greenpeace acusando a los productos frescos alemanes de también mostrar residuos de fitosanitarios no autorizados en medios españoles.
Las cadenas de distribución alimentaria han permanecido excepcionalmente calladas salvo las excepciones antes señaladas. Parece existir una actitud de insatisfacción extraoficial con Almería y sus prácticas, pero, tanto las cadenas individual como colectivamente a través de sus organizaciones representativas, como EUREP, han adoptado una postura de seguir con sus asuntos como si nada hubiese ocurrido.
Finalmente la actitud extremadamente precavida de la propia industria es comprensible. Mientras querían exponer el problema a la luz pública alentando un cierto debate al respecto dada la gravedad del asunto que excede a los ya habituales ataques contra la propiedad intelectual y las patentes, debía gestionar las solicitudes de autorización con las mismas administraciones que negaban el problema. La industria europea representada por su asociación, ECPA, adoptó una actitud proactiva hace ya algún tiempo y está librando una lucha en contra de la piratería y el tráfico ilegal de sus productos en varios frentes a la vez.
Conclusiones
La producción española continua y no parece todo perdido. La comunidad afectada ha quedado conmocionada por esta crisis pero la memoria es corta en estos casos. Las exportaciones están tocadas y habrá que cambiar muchas cosas y demostrar estos cambios para que su credibilidad se vuelva a recuperar, especialmente ahora que los países importadores gozan otras claras alternativas todavía no manchadas por semejantes despropósitos.
Existen suficientes instrumentos en Europa para agilizar los procesos de revisión y autorización de productos fitosanitarios sin menoscabar la seguridad alimentaria como es el de reconocimiento mutuo de autorizaciones entre países. Los responsables tendrán que admitir las condiciones reales de producción y sus condicionantes en lugar de persistir en la aplicación de escenarios teóricos que en la práctica simplemente no funcionan. La administración española, por su parte, deberá aceptar su responsabilidad en el control del mercado con una actitud más eficaz de aplicación de la ley, aunque ello resulte políticamente impopular. Agricultores y técnicos deberán comprender que los mercados mandan y pueden cambiar las normas de oferta y demanda con mayor agilidad que cualquier medida proteccionista jamás hará. La industria deberá tomar buena nota de que nadie defenderá sus legítimos intereses si no lo hacen ellos.
Todo ello es todavía posible. Falta por ver si los protagonistas serán capaces de llevar estos cambios a cabo en un periodo de tiempo razonable aplicándole sentido común y práctico.
Se han producido cambios considerables en los acuerdos de comercio que responden a intereses estratégicos regionales que afectan al escenario comercial como principal consecuencia.
Enero se estrenó con un trato más favorable para las importaciones agrícolas a la Unión Europea desde Israel. Turquía avanza en sus negociaciones de importación a la Unión entre los permanentes retrasos a su incorporación. En 2005 Turquía ya importaba a la UE 32.794 toneladas de pimientos. Desde el año 2000, las importaciones turcas han crecido por encima de 19% en valor.
Las importaciones agrícolas de este país ya representan un 8,9% del total. No es casualidad que una organización como FRESHFEL Europe haya celebrado su congreso en Estambul este año en junio, por primera vez fuera de Europa.
Marruecos ha negociado durante años la apertura de sus fronteras a cambio de la entrada de sus productos. Los tres países son serios competidores a la situación hasta ahora privilegiada de Almería y más importante todavía, 2010 se ha marcado como horizonte para una nueva zona de comercio libre euro mediterránea. Los mercados importadores de productos españoles no ignorarán ninguno de estos asuntos.
Comprar Revista Phytoma 192 - OCTUBRE 2007
