Sección: Sondeo de opinión
Abstract: Durante los últimos años, el mercado irregular de los productos fitosanitarios ilegales no sólo ha aumentado considerablemente su volumen, sino que además actúa cada vez con mayor descaro, creando una distorsión en el mercado con gravísimas consecuencias para el sector. Eso quiere decir que muchas toneladas de productos fitosanitarios ilegales se mueven en nuestro país con total impunidad, con el consiguiente riesgo para la salud de las personas.
No obstante, se están realizando actuaciones muy concretas para atajar este problema, como las del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil o la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería, con esperanzadores resultados.
La revista PHYTOMA-España, ante esta situación que propicia una mentalidad de impunidad en lo que se refiere a la venta y utilización de productos fitosanitarios ilegales, ha querido abordar el problema desde diferentes ángulos, publicando en una primera parte un sondeo realizado a personas de la Administración, la industria fitosanitaria, la distribución y las cooperativas, a quienes se les realizaron las siguientes preguntas:
1.- En los últimos años se ha producido un inadmisible incremento del mercado ilegal de productos fitosanitarios, actuando fuera de la Ley sin problemas, ¿qué consecuencias está teniendo en el sector?.
2.- ¿Quién cree que es el responsable de que esta situación persista?.
3.- Con la situación expuesta al principio, y dado que el Artículo 55 del Capítulo II de la Ley 43/2002 de 20 noviembre de Sanidad Vegetal es muy claro en lo referente a las infracciones y las correspondientes sanciones, ¿por qué cree que sucede esto?.
1.- En los últimos años se ha producido un inadmisible incremento del mercado ilegal de productos fitosanitarios, actuando fuera de la Ley sin problemas, ¿qué consecuencias está teniendo en el sector?.
2.- ¿Quién cree que es el responsable de que esta situación persista?.
3.- Con la situación expuesta al principio, y dado que el Artículo 55 del Capítulo II de la Ley 43/2002 de 20 noviembre de Sanidad Vegetal es muy claro en lo referente a las infracciones y las correspondientes sanciones, ¿por qué cree que sucede esto?
D. JOSÉ ANTONIO ALIAGA MATEO
Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad (Junta de Andalucía)
1.- No estoy de acuerdo en la afirmación de que se esta actuando al margen de la Ley sin problemas. Las actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que ha incautado importantes cantidades de producto y ha detenido a numerosas personas que comercializan productos no autorizados es una evidencia de que esta habiendo una actuación importante de la Administración. Así mismo, la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería desarrolla desde hace años un Plan de Control de Uso de Productos Fitosanitarios y un Plan de Inspección de Residuos de Productos Fitosanitarios con cientos de actuaciones anuales y un régimen sancionador estricto que se aplica en los casos de incumplimiento.
2.- La situación persiste debido a la facilidad que existe en el mercado mundial para comprar productos fitosanitarios y también por el mercado único de la Unión Europea. Según hemos comprobado, muchos de estos productos se introducen a través de otros países comunitarios, procedentes de China y otros.
3.- Aunque como he dicho en la primera pregunta las actuaciones que se desarrollan en Almería por parte de todos los agentes de la Administración son contundentes, la magnitud del problema viene dado por la posibilidad de rehacer la estructura tanto en personas, como en nuevos productos que tiene este mercado ilegal. No obstante, los agricultores de productos hortícolas de Almería apuestan por una producción de calidad y de futuro para los mercados europeos y desean poder eliminar de una vez por todas entre todos esta práctica ilegal.
D. FRANCISCO JOVER
Crop Manager Vegetables Bayer CropScience, S. L.
1.- En primer lugar se ha producido una pérdida de confianza de los agricultores con las empresas del sector y su distribución, habiendo caído en manos de desaprensivos que buscan el beneficio a corto plazo. Consecuencia de ello, es que no es posible aplicar o recomendar Buenas Prácticas Agrícolas. Es utópico hablar de manejo de resistencias o de calidad de producción (en términos de residuos). Las grandes redes de distribución (supermercados) están preocupadas por este mercado ilegal y están buscando alternativas a Almería, que llegarán tarde o temprano. Si no se reacciona a tiempo, es muy probable que el modelo almeriense pueda colapsar. Al mismo tiempo este mercado representa un atentado contra la salud pública, dado que no se conocen los riesgos derivados del uso de estos productos ilegales, para la salud de los aplicadores, consumidores y el medio ambiente.
2.- El propio modelo almeriense, con una concentración excesiva y un desarrollo muy rápido que no le ha permitido adaptarse a las cambiantes exigencias de los mercados. Está además basado en la necesidad de una continua innovación y se ha visto de pronto con una falta manifiesta de productos fitosanitarios, consecuencia de la retirada de materias activas a nivel Europeo y la lentitud en la aparición de las nuevas soluciones. Por otro lado el mismo modelo destruye los productos con mayor rapidez que la industria puede sustituirlos. Las autoridades locales no han visto a tiempo el riesgo inherente a la proliferación de estas actividades. También hay que señalar que el sector productor ha sucumbido al beneficio inmediato, y no tiene una estrategia a medio y largo plazo.
3.- Las sanciones e infracciones no se adaptan a la gravedad de los hechos. Dado que es un mercado no sujeto a impuestos, las infracciones son incluso inferiores a los impuestos que se hubiesen pagado, en caso de ser legal. Además existe una dilatación en el tiempo entre infracción y sanción.
D. IGNACIO DOMÍNGUEZ
Director General Syngenta Agro, S.A.
1.- Hoy en día los productos fitosanitarios tal vez sean, junto con los productos farmacéuticos, los productos químicos sujetos a una reglamentación más estricta: deben estar autorizados por los organismos reguladores del Estado que competen a los Ministerios de Industria, Agricultura y Medio Ambiente, y sólo se autorizan cuando queda demostrado la seguridad tanto para las personas como para el medio ambiente. En lo relativo a la salud humana, la seguridad de los productos fitosanitarios se mide evaluando el riesgo, que se determina mediante sus dos componentes: exposición y peligrosidad. Sería muy largo enumerar todo el proceso de determinación del riesgo, sólo decir que dependen de la toxicidad del producto y la exposición al mismo, y que se consideran índices de seguridad tremendamente elevados.
Tanto la industria como los gobiernos consideran la seguridad y el control de los residuos del producto fitosanitarios muy en serio y el hecho de que ocasionalmente se detecten niveles de residuos superiores a los establecidos en alguna partida, confirma que los programas de control funcionan en interés del consumidor.
Pero todas las garantías citadas hasta ahora se ponen en riesgo por la existencia en el mercado de productos ilegales, utilizados sin su registro correspondiente en España. La falta de control de estas situaciones, potencialmente peligrosas para aplicadores y consumidores, puede ocasionar, entre otros perjuicios graves, un daño considerable a la credibilidad del sector.
2.- Quien no lo persigue. El sector no tiene aliados, se encuentra solo ante los demás componentes de la cadena alimentaria, el agricultor y las grandes superficies.
3.- El ser sancionador resulta impopular. A pesar de la reglamentación existente, si no se adoptan las medidas de control necesarias, si no se imponen las sanciones pertinentes ante actuaciones ilegales, pone en entredicho la seguridad de los productos que se aplican.
D. MARIO VIETTO
Responsable de Ventas a Distribuidores Nacionales de DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.
1.- Además de las consideraciones propias sobre el riesgo que este tipo de actividades supone para la salud pública y del medio ambiente entre otras, también cabe destacar:
- Perdidas económicas sustanciales y directas para los fabricantes y distribuidores legales.
- Frustración de los planes de desarrollo y comercialización de nuevas moléculas de la industria fitosanitaria, ya que los traficantes ilegales copian o falsifican e introducen estas mismas sustancias activas sin las garantías y las autorizaciones previas y con recomendaciones de uso la mayoría de las veces incorrectas.
- Las empresas de I+D se cuestionan sobre la viabilidad del mercado español ya que el retorno de las inversiones necesarias para descubrir, desarrollar y registrar nuevos productos está sujeto a la amenaza de los competidores ilegales que se introducen en el mercado con gran facilidad y sin las garantías mínimas necesarias, como se ha demostrado ya en varios casos.
- Desestabilización y "contaminación" de los circuitos oficiales de distribución y fomento de una mentalidad de impunidad y normalidad en el tráfico y en la utilización de productos ilegales. - Exposición a riesgos no previstos ni evaluados para la salud de los usuarios de estos productos no autorizados y de los consumidores de los cultivos así tratados.
- Impacto negativo sobre la credibilidad del sector productor y sobre la confianza de la sociedad en la industria fitosanitaria y en la salubridad de las producciones agrícolas (especialmente frutas y hortalizas).
2.- En primer lugar quienes promueven y alimentan el mercado ilegal y aquellos que se prestan a traficar con estos productos. Los usuarios que acceden a aplicar en sus cultivos los productos ilegales, conocedores, la mayor parte de las veces, de su falta de autorización para la comercialización y uso.
Quienes tienen las competencias administrativas para controlar que los productos que se venden y se emplean cumplan con los requisitos de la ley, denunciando y sancionando a los ilegales: es decir las administraciones autonómicas, el SEPRONA, la administración de justicia, cuyos medios, dotaciones y formación deberían adecuarse a la tarea.
El legislador por su parte es responsable de adecuar el marco sancionador de tal manera que el efecto disuasorio sea ampliamente superior a los incentivos y beneficios que consiguen los infractores cuando incumplen la ley una y otra vez.
También quienes, conociendo casos de comercio fraudulento y de traficantes ilegales, no los denuncian a las autoridades responsables del control del mercado (Administracines Autonómicas, SEPRONA, Guardia Civil, inspectores de Sanidad), contribuyendo a encubrir los malhechores que falsifican, defraudan o importan ilegalmente y fomentando la tolerancia y aceptación social de sus prácticas. El largo plazo (4-5 años) necesario para la autorización de nuevos productos y sustancias activas que podrían solucionar los problemas acuciantes de la sanidad vegetal en muchos cultivos, está fomentando la introducción de forma ilegal y el uso descontrolado de productos supuestamente eficaces para cubrir estas necesidades.
3.- Evidentemente está fallando la aplicación de la ley: los controles y las denuncias no se hacen con la necesaria frecuencia y alcance, así que pocas veces se llegan a aplicar las sanciones previstas por la ley, mientras que en la gran mayoría de los casos los infractores gozan de impunidad y hasta de cierta tolerancia social.
Aun cuando se lleguen a aplicar las sanciones previstas por la ley, la cuantía de las multas ? junto con la baja probabilidad de los controles ? puede en muchos casos no resultar un elemento disuasorio suficiente comparado con el beneficio económico que el infractor obtiene de su actividad delictiva.
Es importante recordar aquí que algunas Administraciones Autonómicas, como responsables del control del mercado (uso y comercio), no aplican con todo el rigor las medidas cautelares sancionadoras previstas en la Ley de Sanidad Vegetal, ya que en muchos casos las consideran impopulares (p.ej.: cierre del invernadero y otras), y por tanto, se acogen a la disposición transitoria de la ley para aplicar normas antiguas, mucho más tolerantes.
ANTONIO GARCÍA RUIZ
Presidente de FEDISPROVE
1.- Sin lugar a dudas, esto es rigurosamente cierto y por supuesto si el mercado de estos productos crece es por que hay clientes que los demandan y los compran.
El mercado de los fitosanitarios en España se está convirtiendo en un concurso de despropósitos y salvajadas donde cada uno (proveedores, distribuidores y agricultores) luchan por ver quien la hace más gorda para así conseguir la medalla de oro.
Por un lado ciertos clientes-agricultores te complican la vida hasta un extremo donde no se puede trabajar con ellos, exigiéndote una serie de productos con plazo de seguridad 0 días, que controlen perfectamente todas las plagas, que respeten la fauna auxiliar, etc. En definitiva productos que prácticamente no existen en el mercado; por el contrario, algunos de estos mismos clientes, a veces muy potentes pero poco escrupulosos, están utilizando una serie de productos de dudosa reputación sin ningún tipo de estupor.
Yo distingo principalmente tres tipos de productos ilegales, a saber:
a. Productos traídos de otros países europeos, que a pesar de estar registrados y autorizados en España, vienen con la etiqueta del país de origen sin ningún tipo de traducción y que por tanto su venta en España es totalmente ilegal.
b. Productos que con el disfraz de ABONO CEE, llevan dentro sustancias que necesitarían registro de fitosanitario, aunque esa sustancia esté autorizada en España (por ejemplo correctores de Zinc y Manganeso que controlan mosca blanca y pulgones; "estos acaban de demostrar la teoría de la relatividad por medio de correctores".) Debido a no registrar estos productos se permiten vender a unos precios que las empresas que van con la ley en la mano no pueden vender por razones obvias.
c. Nos encontramos ante los productos ilegales por antonomasia, son aquellos que importados directamente por auténticos NARCOTRAFICANTES sin escrúpulos, principalmente de países asiáticos y del este de Europa, son aproximadamente parecidos a algunas sustancias autorizadas en España, aunque no tienen ninguna garantía en cuanto a su riqueza y formulación; y lo que ya es el colmo de todos los colmos, aquellos productos que a pesar de la alta tecnología existente en los laboratorios de nuestro país, todavía no han podido determinar la materia activa que llevan alguno de estos productos.
2.- Es muy fácil en estos casos echar la culpa al Gobierno, pero debemos ser coherentes y asumir cada uno nuestra parte de culpa. Pienso que el primer culpable es aquel que carece de la honradez, la moral, los escrúpulos y en definitiva todo aquello que nos identifica como seres humanos y nos da la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal, los "señores" que compran y aplican estos productos. Son "primos" de los anteriores, y anteponen su enriquecimiento personal a cualquier otra cosa, sin importarle los efectos colaterales que se puedan derivar de su actuación. Además este tipo de transacciones comerciales, siempre se realiza al contado, con lo cual no existe reclamación posible por parte del comprador.
Y, por último la Administración tiene mucha parte de esta culpa por lo siguiente:
- En España para recetar un fármaco hace falta un médico y para expender dicho fármaco hace falta un farmacéutico, ambos asumen sus responsabilidades; esto teniendo en cuenta que ante un error de estos, solamente se vera afectada la persona que ingiera ese fármaco; por el contrario en el mundo de los fitosanitarios cualquier persona, sin distinguir raza, sexo, color, sabor, con o sin titulación etc, etc. puede montar perfectamente "una farmacia para plantas" y recetar y expender cualquier fitosanitario, nocivo, toxico, muy toxico etc., sin ningún tipo de control e impedimento por parte de los ministerios responsables (Agricultura, Sanidad), con la agravante que al contrario que ocurría con los fármacos que podían afectar a una sola persona, en estos casos, teniendo en cuenta que los productos son aplicados a cultivos cuyas producciones son consumidas normalmente por personas, podemos ver que una mala o incorrecta recomendación puede afectar a muchos miles de personas.
3.- Todo lo anterior está ocurriendo por algo muy fácil de entender; que estas leyes no se están aplicando. Porque cuando una empresa es sorprendida vendiendo mercancías ilegales el juicio tarda en salir cuatro, cinco y hasta más años.
Porque cuando ocurre esto no se precinta, tanto la mercancía incautada como el almacén donde ocurrieron los hechos y no se le levanta el precinto hasta que salga el juicio y se le aplique la sanción correspondiente. Estos señores al día siguiente siguen funcionando con sus negocios como si no hubiera pasado nada. Porque el SEPRONA se niega a darnos a las asociaciones los datos referentes a estas intervenciones, teniendo en cuenta que en un alto porcentaje de casos son nuestros propios asociados los que por medio de las asociaciones denuncian estos hechos. En nuestras asociaciones tenemos un reglamento de régimen interno, aprobado por unanimidad en su día, por el cual, cualquier miembro de estas asociaciones sorprendido en cualquier acto de este tipo, será expulsado de la asociación, comunicándole a AEPLA, el motivo de la expulsión del mismo para que tome las decisiones oportunas en cuanto a las empresas que distribuye.
Nosotros disponemos de 500 asociados en el ámbito nacional, con lo cual se puede ver que si las fuerzas de seguridad del Estado aceptan nuestro compromiso de colaboración recíproco en poco tiempo podemos acabar con esta lacra que nos está poniendo a todos en peligro.
D. CRISTÓBAL BARRANCO
Presidente de la Cooperativa de 2º Grado de Suministros SUCA (Almería)
1.- Bueno, que actúen sin problemas no es del todo exacto. Pero si lo que quiere decir es que estos productos fitosanitarios ilegales están al alcance de la mano de cualquiera, entonces sí.
Por supuesto que las consecuencias no son positivas, pero tampoco hay que ignorar que se realizan controles desde diferentes frentes, hay muchas inspecciones de la Junta de Andalucía, y las sanciones son importantes, porque además de retirar la partida, las multas van de los 3.000 a los 60.000 euros.
De todas formas, veo un poco difícil eliminar en su totalidad este problema, dado que estamos en un mercado globalizado, sin fronteras, y que todo llega desde cualquier parte.
2.- Lógicamente el principal responsable debería ser la Administración. Son ellos los que deben de intensificar las inspecciones y los análisis. Pero también hay que decir que los productos que entras son sobre todo para controlar trips y mosca blanca, porque no hay productos legales que sean iguales de efectivos y a bajo coste. Porque mientras que un producto legal te cuesta unos 90 euros el litro, el ilegal vale 30 euros.
De todas formas no hay que generalizar el problema, porque en las cooperativas está todo muy controlado. Esta situación se está ando, sobre todo, en agricultores que venden en origen, donde hay menos controles.
3.- Si a un agricultor pequeño le ponen la sanción que le corresponde, pues le hacen mucho daño, y se lo pensará dos veces antes de realizar una infracción.
Pero, por el contrario, si esta misma sanción se la ponen a un agricultor que tiene 6, 10 ó 15 hectáreas la sanción no le va a suponer mucho. La sanción debería de ir equiparada a la producción que se tiene para que realmente sea justa y equitativa.
Dª ROSA Mª ROBLES
Directora General de la Asociación Interprovincial de Distribuidores de Agroquímicos (AIDA)
1.- Esta situación ha creado una distorsión en el mercado con graves consecuencias para todo el sector, principalmente una guerra de precios, una desconfianza del agricultor en los distribuidores "legales" y sin pretender ser alarmistas, puede llegar a estar en juego la salud de las persona, hecho en el que no piensan ni los vendedores ni los usuarios de estos productos, ya que se trata de productos sin ningún control sanitario por parte de las autoridades españolas.
2.- Hay varios responsables, desde los que ponen estos productos en el mercado, hasta los que los compran, pasando por las autoridades que ejercen poco control sobre este mercado.
Los distribuidores asistimos impotentes a esta situación, ya que cuando cursamos una denuncia y las autoridades competentes tienen la suerte de encontrar productos ilegales, lo único que pueden hacer es precintar o decomisar la mercancía, pero los dueños de la mercancía siguen en la calle y vendiendo otros productos al día siguiente. Cada día se hace más difícil encontrar estos productos durante las inspecciones, ya que tanto los que los venden como los que los compran saben muy bien lo que están haciendo y son cada vez más cautelosos.
3.- Principalmente, por la falta de medios con los que cuanta el SEPRONA, organismo encargado de las inspecciones de control, habitualmente sólo se inspeccionan los almacenes que aparecen en el listado del ROEPS y que difícilmente van a tener productos de este tipo, y, por supuesto por que aún no se ha producido ninguna sanción ejemplar según lo dispuesto en la Ley 43/2002.
D. JUAN JOSÉ TRIPIANA
Presidente de la Asociación Provincial de Comercio de Productos Fitosanitarios de Almería
1.- Las consecuencias son muy graves. El sector se está viendo muy afectado ya que las cifras de mercado ilegal que se manejan están por encima del 30% de media. Teniendo en cuenta también que siendo la provincia de Almería el 10% del conjunto nacional del mercado legal de fitosanitarios, en nuestra provincia se mueve el 60% del mercado clandestino. Esto nos dice que de cientos de miles de productos clandestinos a día de hoy, muchas toneladas se mueven con total impunidad.
2.- La Administración es responsable del control de los productos y de tomar las medidas necesarias para erradicar este problema. Desde hace muchos años estamos denunciando esta situación y cada vez se ha agravado más hasta llegar a un punto insostenible. En algunas zonas el 70% de los insecticidas es ilegal. Los empresarios del comercio de fitosanitarios estamos sufriendo los efectos de esa situación con perjuicios económicos importantes y con dificultades para dar los servicios técnicos apropiados.
Por otra parte, la producción agrícola puede verse afectada en su conjunto por una minoría que perjudica a todo el sector con sus prácticas clandestinas.
3.- Creemos que no se están aplicando las medidas que esta ley exige. La situación es realmente seria, un producto fitosanitario clandestino o ilegal no tiene ningún control sanitario ni de ningún tipo. Mientras que los productos fitosanitarios legales pasan controles sanitarios más rigurosos que los farmacéuticos.
En este sentido ¿nos atreveríamos a usar fármacos ilegales que nos vendiesen de forma clandestina estando en juego nuestra salud? Me atrevo a asegurar que todos responderíamos que no.
JUAN MANUEL MARTOS
Director de ConSeguridad
1.- Podemos destacar varias, entre ellas: perdida de rentabilidad por parte de nuestras empresas, lo cual esta llevando a muchas de ellas a cerrar sus puertas y otras estén sopesando seriamente la continuidad del negocio u otras que deciden entrar en ese mercado. Las perdidas pueden estar en torno al 50% de la facturación, incrementándose escandalosamente en algunas zonas dicho porcentaje.
La falta de confianza del cliente hacia nuestros comercios, tanto a los responsables, como al personal técnico que desarrolla la actividad en los mismos.
Se nos culpa de no aportar soluciones a sus problemas, puesto que nuestros consejos siempre van orientados a la no utilización de fitosanitarios que carezcan del perceptivo nº de Registro del MAPA, correcto etiquetado ó que vengan por un canal inadecuado, la rotación de materias activas en los tratamientos, etc. Lo cual motiva esa desconfianza y para el cliente seamos los que estemos arruinando su medio de vida, lo cual hacen extensible a los fabricantes. Siendo las personas que distribuyen el producto ilegal los salvadores, aunque yo mas que salvadores los denomino "Druidas del Campo", en referencia a un mago del comic, que solía hacer pócimas mágicas, o también la imagen que podamos proyectar a los consumidores de nuestras hortalizas.
2.- En verdad no podemos decir quien es el responsable directo. Hablamos muchas veces de competencias transferidas a las comunidades autónomas, pero que a su vez hay otras competencias dependientes de la Administración central.
Ahí es donde comenzamos con los problemas, puesto que la mayoría de las veces encontramos bastantes problemas de carácter competencial, o por lo menos eso nos trasmiten cuando efectuamos cualquier tipo de consulta a la Administración ya sea autónoma ó central. Lo cual nos deja en una difícil situación que nos hace pensar que este problema no es prioritario, ó aplicar el dicho de que "las cosas de palacio van despacio".
Aunque si el proceso de autorización de productos se agilizara, podríamos disponer de herramientas con las que aportar soluciones al cliente y por otra una respuesta más rápida, efectiva y contundente de las administraciones ante este problema.
3.- Porque no hay un control sobre el mercado ilegal y las personas o empresas que están detrás del mismo. Permitiéndose el aumento de dicho mercado, por no actuar en sus comienzos, achacándolo como algo puntual y muy concreto a un producto y una plaga. Lo cual ha derivado a la presencia de más de un producto y para más de una plaga, haciendo más difícil si cabe la erradicación del mismo.
