Durante la última asamblea general de AEPLA no sólo se produjo un cambio en la Junta Directiva y en la Comisión Permanente, también se promovió un punto y aparte que se inició con un cambio de filosofía en la Asociación como referente en el sector fitosanitario. En dicha asamblea, D. Ernesto Doménech era elegido nuevo Presidente de AEPLA, mientras que D. José Ignacio Cadahía Bielza, anteriormente Director Técnico de la Asociación, era nombrado nuevo Director General de AEPLA.
Una nueva etapa que pretende, entre otras muchas cosas, ofrecer un foro a los asociados donde expresar sus inquietudes que, de forma corporativa, se puedan trasladar a la Administración, sirviendo la Asociación como auténtico intermediario en defensa de intereses comunes.
Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid (1982) y Master en Gestión y Administración de Empresas (MBA) por el Instituto de Empresa de Madrid (1993), D. José Ignacio Cadahía Bielza posee una amplia experiencia profesional en el sector de la Sanidad Vegetal desde el año 1982. Responsable de los departamentos técnico, desarrollo y marketing de Sanidad Vegetal de varias empresas nacionales y multinacionales. En la actualidad es Director General y Técnico de AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas).
En el desarrollo de la última Asamblea General de AEPLA no sólo se celebraron también elecciones a cargos electos y vocales de órganos de gobierno, sino que también parece que se inició un cambio en la filosofía de la asociación, ¿cuáles serían los pilares de esta nueva etapa?
En efecto, este año se celebraron elecciones a órganos de gobierno y cargos electos, un proceso que se produce cada dos años y ha dado como resultado una nueva Junta Directiva y Comisión Permanente. También es cierto que se ha iniciado un cambio de filosofía en la Asociación consistente en la intención de que AEPLA sea un referente en el sector fitosanitario, tanto para las empresas fabricantes como para las administraciones y otros sectores implicados en cuestiones comerciales, y en hacer valer el respeto de un marco de rigor y veracidad en los procesos de homologación y registro.
Para los asociados, AEPLA pretende prestar servicios con valor añadido y ofrecer un foro donde expresar sus inquietudes que, de forma corporativa, se puedan trasladar a la Administración, sirviendo la Asociación como auténtico intermediario en defensa de intereses comunes. Históricamente se nos ha identificado con las grandes empresas pero, no olvidemos que dos tercios de nuestros miembros son medianas y pequeñas empresas también de accionariado nacional.
Nuestra visión va más allá de intereses concretos. El mercado necesita de la existencia de todo tipo de empresas para innovar y desarrollar productos y ofrecer soluciones diversas para los agricultores. AEPLA tiene ese espíritu en mente a la hora de afrontar los numerosos retos que se presentan. Para el resto de interlocutores esperamos ofrecer un talante más abierto dialogante y colaborador.
¿Qué valoración haría de la industria fitosanitaria española con los datos que dispone del ejercicio anterior?
La industria fitosanitaria española ha vivido importantísimos cambios en la última década. Un entorno cada vez más difícil y regulado, un sector en constante proceso de concentración y adaptación, en algunos casos traumática y un cada vez menor número de profesionales.
El mercado lógicamente ha sentido las consecuencias de estos cambios fruto del vuelco reglamentario que hemos vivido en Europa y España con multitud de nuevas legislaciones, normativas y desarrollos de las mismas. Desde 2002 se ha notado una importante y rápida evolución del mercado como consecuencia de la aplicación de directivas y normas establecidas en la UE que afectan a todos sus Estados miembros.
La evolución de la revisión Comunitaria de sustancias activas plaguicidas ha provocado la eliminación de un considerable número de sustancias activas del mercado, que en España ha afectado a más de 250 sustancias y más de 300 productos. Ha disminuido la oferta de soluciones en la Sanidad Vegetal. Particularmente grave es la situación de los insecticidas en algunos cultivos, y ha aumentado el mercado ilegal, aunque afortunadamente hemos visto recientes acontecimientos que parecen encaminarse a la solución adecuada de ordenamiento y control de esta situación. Considerando los avatares del mercado europeo, que inicia una espiral descendiente ya en 1998, recuperada ligeramente en 2002, el mercado español se ha mantenido de manera muy estable.
Las cifras de ventas del año pasado aumentaron un 2,10% con respecto al año anterior, con una facturación total de 649,44 millones de euros. Este índice es muy similar al de anteriores años durante los que nos hemos mantenido por debajo del IPC. Este es un mercado maduro desde hace años cuya estabilidad es ya de por sí un logro. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar AEPLA durante este año? Los retos y los frentes son muchos. El primer reto será seleccionar aquellos temas realmente fundamentales para el mercado y el sector. Nosotros trabajaremos con entusiasmo para contribuir a las soluciones.
En respuesta a los cambios de normativa que nos afectan con numerosos nuevos requerimientos, desde la Asociación se ha trabajado y se reforzarán las acciones para establecer las bases de un diálogo con la Administración, para que la aplicación de las normas sea racional y viable. También estamos muy comprometidos en explicar y ayudar a situarse en estos nuevos contextos a los agricultores con la colaboración de la distribución. Para ello ya hemos elaborado material explicativo de nuevas normas que afectan a los productos y su uso, y cuyo origen y motivación no siempre es clara para los agricultores o incluso para los técnicos. Por ejemplo, la entrada en vigor del Real Decreto 255 de clasificación y etiquetado este verano, ha generado muchas dudas entre los usuarios ya que afecta a muchos aspectos en el uso de los productos, desde su capacitación hasta la protección personal y requería una explicación que quizás no se había aclarado suficientemente para usuarios.
En AEPLA pretendemos de alguna manera llenar esos vacíos de información que se crean en la gestión administrativa de las cosas. En cuanto al mercado ilegal, que es definitivamente un tremendo reto para el sector, hemos hecho ya muchas cosas encaminadas a apoyar las denuncias de nuestros miembros, concienciar a los responsables del control del mercado y a recabar información más completa y concreta sobre la situación que esperamos compartir con al administración este año.
¿Qué papel va a jugar la comunicación en esta nueva etapa?
La comunicación está al servicio de las prioridades estratégicas de la industria y también la respuesta a los retos anteriormente relatados. Cada situación que prevemos y que se presenta, requiere un análisis desde el punto de vista de la comunicación.
Debemos ser capaces de aportar soluciones comprensibles a situaciones a menudo complejas tanto internamente como para todos los públicos implicados. Esperamos transmitir nuestras ideas pero también aportar soluciones y herramientas para la administración, prescriptores y usuarios. Más difícil es llegar al público general a través de todos los filtros existentes especialmente los medios esta es una constante labor didáctica en la que continuaremos esforzándonos.
Las prácticas irregulares y el mercado ilegal de productos fitosanitarios supone un grave deterioro de la imagen de la industria fitosanitaria ante la opinión pública, ¿va a actuar AEPLA de una forma más contundente en sus denuncias públicas cuando se produzcan estos hechos?
Nuestra posición siempre ha sido clara respecto a este tema. Desde hace años venimos transmitiendo que esta situación debía atajarse con contundencia por sus importantes consecuencias para el mercado y la propia calidad de los productos hortofrutícolas. La venta o compra de productos fitosanitarios no autorizados influye en la presencia de residuos incontrolados en los alimentos, provocan riesgos para la salud del aplicador y el consumidor y supone una competencia desleal a las empresas que tardan años en investigar y desarrollar un producto, realizando todo tipo de pruebas y ensayos que certifiquen, por encima de todo, su seguridad ante personas, animales y el medio ambiente y luego esperan una media superior a los 2 años en recibir la autorización oficial.
Además del perjuicio que ocasionan a las redes oficialmente autorizadas de su distribución comercial, todas esta medidas de seguridad se ven completamente anuladas en el momento en el que se utiliza un producto del que no se sabe nada en cuanto a lo que contiene, cómo se ha fabricado y de dónde procede. Este escenario de cambio ha favorecido el comercio de productos fitosanitarios ilegales, fraudulentos o simplemente irregulares, que está facilitando la proliferación e irrupción en el mercado de numerosas sociedades de importación, distribución y comercialización, o de empresas supuestamente dedicadas a la investigación y al desarrollo.
Estas, en la mayor parte de los casos, llevan a cabo una competencia desleal a las empresas que dedican un esfuerzo importante de recursos a la I + D de sus productos, y a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas. Esta es una de nuestras prioridades este año. Lo primero que hemos y estamos todavía haciendo es recabar la información necesaria para planificar nuestras acciones. Debe quedar siempre claro que corresponde a la Administración, judicatura y órganos de inspección y control velar por la correcta comercialización y empleo de los productos. La salvaguarda de la legalidad en la venta y uso de nuestros productos tiene sus autoridades competentes y que el sistema tiene la obligación de hacer cumplir las normas.
Poco a poco se ordenan las situaciones y en ese sentido somos optimistas. Primero ha de crearse el marco normativo adecuado, algo que ya se ha hecho con la nueva Ley de Sanidad Vegetal, luego ha de desarrollarse dicho marco legislativo para establecer, por ejemplo, sanciones acordes a la gravedad del asunto. Es en este último estadio en el que podemos quizás aportar sugerencias y propuestas. Las Administraciones competentes deben de establecer los mecanismos para la inspección y control. A partir de ahí, tanto los organismos de inspección y control, como los jueces ya pueden aplicar las medidas correctoras porque existen los mecanismos para ello.
En nuestra opinión las medidas necesarias para atajar este problema han de ser muy variadas y coordinadas para converger en la solución. Este es un problema legal, administrativo, policial y social, por lo que requerirá medidas en todos estos sentidos y la colaboración de todos los actores. En las zonas donde el problema es más grave, hemos detectado que los protagonistas de la producción agraria expresan una enorme preocupación y el interés en unirse para buscar y trabajar en las soluciones. Por ello, ya se están creando plataformas de análisis y trabajo común que incluyen participantes de diversas organizaciones relacionadas con la agricultura. Esta concienciación es muy importante para la efectividad de las medidas.
¿Cuáles son los temas básicos o prioritarios que va a afrontar en su nueva etapa como Director de AEPLA?
La lucha contra las prácticas irregulares, dentro y fuera de AEPLA, será durante este año una de nuestras prioridades desde la Asociación. Para predicar con el ejemplo, este año es clave para el desarrollo y aplicación del Código de Buenas Prácticas de AEPLA, mediante el cual, entre todos, iremos construyendo una sólida base, debatiendo y corrigiendo aquellas actuaciones y prácticas de cuestionable legitimidad.
La responsabilidad en la tutela de productos y servicios con el desarrollo y promoción del buen uso de productos, incluida la prevención en seguridad de los usuarios de los mismos será otra de las líneas prioritarias de la asociación y estamos avanzando muchísimo en el Proyecto de Uso Seguro en este sentido. Finalmente, pero no menos importante también nos dedicaremos a la mejora de algunos de nuestros servicios internos que son de uso exclusivo para nuestros asociados que reciben una cada vez mayor y más cualificada información técnica, estadística, reglamentaria y de comunicación.
¿Qué utilidad real cree que tiene o va a tener el Código Deontológico que acaban de aprobar?
La industria fitosanitaria asociada en AEPLA ha adoptado esta iniciativa en parte en respuesta a todo lo que anteriormente hemos comentado sobre el mercado actual y también para facilitar el entendimiento entre asociados ofreciendo un sistema transparente de resolución de potenciales diferencias y conflictos. .
Las empresas serias que cumplen con los requisitos legales y están en el punto de mira por su visibilidad, se sienten en la obligación de despejar cualquier atisbo de duda sobre su comportamiento y su ética. Aunque uno de los requisitos de las empresas miembros de AEPLA antes de su integración en la Asociación siempre ha sido la adhesión al Código de Conducta Internacional para la Distribución y el Uso de Plaguicidas de 1986 y adaptaciones sucesivas, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se decidió que era necesario explicitar unas normas de comportamiento más estrictas.
El Código de Buenas Prácticas o Código Deontológico define unas normas de ética con relación a tres aspectos fundamentales:
1. los productos;
2. los consumidores, usuarios y distribuidores de los productos y
3. a las propias empresas fabricantes; definiendo cuales son los comportamientos aceptables e inaceptables. Todos nuestros miembros lo han aceptado.
¿Qué nuevos proyectos va a iniciar AEPLA este año?
Este año además de mejorar sustancialmente algunos de los servicios internos destinados a asociados, hemos realizado dos importantes estudios de parámetros agronómicos con la colaboración de las Universidades de Lérida y Almería respectivamente, estamos realizando un amplio estudio sobre el mercado irregular y sistematizado nuestro apoyo a las denuncias de asociados.
También hemos finalizado los ensayos de un número de equipos de protección personal y de aplicación para su recomendación en uso para invernadero. Respecto a la entrada en vigor de la nueva clasificación y etiquetado, invertimos mucho tiempo y recursos durante el primer semestre en la aportación de soluciones ante el tremendo atasco que se había producido en la clasificación, y ahora invertimos nuestros esfuerzos en explicar la situación a los usuarios y en resolver las dudas que están surgiendo en la cadena de distribución respecto a esta situación.
En la comunicación nos hemos propuesto mejorar de manera palpable. Invertiremos para producir materiales de mayor calidad muy dedicados a técnicos y agricultores. La transparencia será nuestro buque insignia.
Con la supresión de un gran número de materias activas, sobre todo en los cultivos hortofrutícolas, ¿cómo ve el futuro del mercado fitosanitario en España?
El sector fitosanitario depende de muchos factores por lo que es muy difícil establecer un modelo predictivo, aunque éstos se han estudiado en el pasado. Por ejemplo un modelo del Opti (Observatorio de Prospectiva Tecnológica) vaticinó hace 4 años la continuidad en los procesos de concentración entre las empresas y el incremento de la necesidad de formación en los agricultores, que se han cumplido. Siendo éste un sector altamente reglamentado depende siempre de multitud de decisiones legislativas y políticas que se adopten de ahora en adelante.
En España el talante dialogante de los nuevos equipos de gobierno esperamos que abra nuevas vías de colaboración para ayudar a nuestra agricultura. También nos afectan las decisiones políticas y comerciales de la Comisión Europea. Como sector contribuyente a la producción agrícola dependemos de su marcha en general. Las Políticas Europeas, no solamente agrarias, sino de todo tipo y la actitud en general que adoptemos frente a que esperamos y queremos de la agricultura nos afectan indudablemente.
La industria deberá adaptarse a esta nueva situación de orfandad en algunos casos desarrollando productos y soluciones más acordes a las nuevas condiciones y exigencias. Para ello es muy importante mantener en mente que aunque se abran nuevas oportunidades, sin un entorno reglamentario razonable, homogéneo y dispuesto a aceptar las sugerencias y aportaciones de los expertos del sector, la viabilidad de estos desarrollos se verá seriamente comprometida.
