La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), que representa a más de 700.000 agricultores, lamenta que hasta la fecha solo se han ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.

Así se refleja en el Plan de acción frente a DANAS que ha presentado este organismo y del que también se desprende que el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, “lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos”.

El primer informe que cuantifica los efectos de la DANA en el regadío demuestra la necesidad de proyectar en el siguiente ciclo de planificación obras de regulación que respondan al principio básico de coste-beneficio. En concreto, los agricultores urgen a construir las 27 presas aprobadas en los anteriores planes hidrológicos.

Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuras DANA, los regantes destacan la limpieza de cauces para mantener los ríos en buen estado funcional y ecológico, “cumpliendo con su rol ambiental, social y de protección frente a inundaciones”. Estos trabajos implicarían eliminar obstrucciones, sedimentos acumulados y vegetación excesiva capaz de alterar el flujo natural del agua o aumentar el riesgo de desbordamientos.

FENACORE también remarca la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua, generalmente con el objetivo de prevenir inundaciones, proteger infraestructuras cercanas o adaptar el río a necesidades específicas, como la navegación, el riego o el uso urbano del suelo. Del mismo modo, no recomienda construir ni rehabilitar viviendas dañadas en zonas inundables.

La federación sostiene que estas actuaciones habrían servido para mitigar las terribles consecuencias que tuvieron las últimas riadas, que según sus estimaciones provocaron más de 250 millones de euros de daños en infraestructuras de riego e inundaron más de 70.000 hectáreas, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.

El informe de FENACORE constata las cuantiosas pérdidas que ha provocado el temporal para los agricultores, sobre todo en cosechas de huerta, viñedos, caquis y cítricos. El arbolado afectado tardará de cinco a diez años en ponerse en producción. Además, se han inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes de las parcelas, y se han roto las acequias, que mitigaron las inundaciones al actuar como cauces artificiales (desagües) y que terminaron colmatadas de barro, cañas, basura y coches.

FENACORE señala que apenas el 10% de las comunidades de regantes tienen las conducciones y las balsas aseguradas de daños propios, a pesar de que los daños ascienden en algunos casos al 80% del valor de las infraestructuras de las comunidades de regantes.

FENACORE asegura que solo se han ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista

Frente a este desastre, la federación valora los 444,5 millones de euros que el Gobierno ha aprobado en ayudas al sector agrario. Sin embargo, para recuperar cuanto antes la normalidad, pide que las ayudas sean ágiles y directas para mitigar las pérdidas de producción y acelerar la reactivación de las zonas anegadas; ampliar las zonas declaradas catastróficas y aprobar una exención transitoria de tarifas y cánones para todas ellas; eximir del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados; y revisar las tasas de cobertura de las acequias para impulsar el “a todo riesgo” y prevenir ante este tipo de catástrofes.

De igual modo, recomienda aprovechar la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, con los que reforzar las ayudas al campo, así como destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrográficos. Mientras tanto, pide concretar las indemnizaciones de daños que corresponden a la Administración Central, comunidades autónomas y aseguradoras.

Los regantes insisten en que “ellos son los primeros ecologistas, al vivir por y para el campo”. Sin embargo, admiten su preocupación ante el hecho de que el nuevo ciclo de planificación hidrológica “siga primando el ecologismo y la biodiversidad, la restitución de los ríos a su régimen natural, sin evaluar los efectos”. En este sentido, FENACORE pide al nuevo gobierno comunitario y a los ministerios con competencias en el agua y el medioambiente que “eviten las corrientes ecologistas más radicales e impulsen medidas para armonizar la sostenibilidad medioambiental con la seguridad y el bienestar social y económico”. A su juicio, solo así podrán mitigarse las consecuencias climatológicas más adversas, como las sequías e inundaciones como las provocadas por la DANA.